Economistas frente al conflicto agropecuario

Por Alejandro Rofman, Guillermo Wierzba y otros *

Sostenemos, como lo hicimos al inicio del actual conflicto, que las retenciones son una herramienta imprescindible para evitar que el alza de los precios internacionales impacte en los precios internos de los alimentos, para promover la distribución del ingreso y fomentar la diversificación productiva. Colaboran de manera decisiva en el control de la inflación, dando sustentabilidad de largo plazo a la política de tipo de cambio competitivo, sin afectar la producción del campo y promoviendo el desarrollo de otros sectores de la economía. Permiten desincentivar la actual tendencia a la excesiva concentración de la actividad agrícola en torno a la soja, con sus efectos negativos sobre las restantes producciones agrícolas y el consecuente incremento de la vulnerabilidad del sector externo. Los derechos de exportación son así un instrumento irreemplazable para una política económica que propenda al desarrollo.
Como afirmábamos hace 100 días, las heterogéneas realidades en el agro no se resuelven con la eliminación de las retenciones móviles, sino a través de políticas específicas vinculadas con el acceso al financiamiento, la provisión de apoyo técnico para incrementar la productividad, la reestructuración de las cadenas productivas, la transparencia en la formación de precios y el funcionamiento de los canales de comercialización. Las acciones necesarias implican una mayor y mejor intervención pública y no la promoción de su ausencia.
El agro sigue disfrutando de una prosperidad notable, en particular en la Pampa Húmeda, epicentro de las protestas. Aun con la aplicación del actual esquema de retenciones móviles, la rentabilidad de la producción agraria en esta región continúa incrementándose, dada la extraordinaria elevación de los precios internacionales.
Los métodos de protesta de las cámaras empresarias agropecuarias, basados en la instalación de un clima destituyente del gobierno democrático, no sólo cuestionan la política económica en su conjunto, sino que vulneran los preceptos más básicos de convivencia democrática y las necesidades fundamentales de la sociedad. En el intento por preservar privilegios extraordinarios –fruto del esfuerzo colectivo para mantener un tipo de cambio competitivo y del alza de los precios internacionales– no han dudado en provocar el desabastecimiento, bloquear rutas, disminuir la actividad industrial y comercial y condicionar el actual debate parlamentario. Reivindicamos la necesidad de contar con herramientas de política económica que, como las retenciones móviles, permitan regular los desequilibrios del crecimiento y establecer un sendero de desarrollo de largo plazo. Vemos con gran preocupación que las actuales presiones sectoriales intenten condicionar la capacidad regulatoria futura del Estado en materia distributiva. Los economistas comprometidos con la democracia y un modelo de crecimiento con empleo, distribución equitativa de la riqueza e inclusión social apoyamos la aplicación de retenciones móviles, rechazamos las amenazas de un nuevo lockout e instamos a los empresarios agropecuarios a respetar las resoluciones que se tomen por parte del órgano que expresa la soberanía popular.

* Matías Kulfas – Benjamín Hopenhayn - Mario Rapoport – Alberto Müller – Paula Español - Norberto Crovetto - Héctor Valle – Alejandro Vanoli - Alfredo García - Horacio Rovelli - Alejandro Robba - Felisa Micelli – Natalia Fridman - María Agustina Briner - Mariano Borzel – Agustín Crivelli – Claudio Casparrino - Rodrigo López - Juan Manuel Vázquez Blanco - Verónica Devesa - Daniela Heredia - Federico Castelli - Andrés Asiain - Martín Burgos - Pablo García – Romina Kupelian – Alejandro Barrios – Natalia Guinsburg – Roberto Adaro – Juan José Fernández – Ernesto Mattos - Eduardo Pompei - Florencia Kohon - Martín Fiszbein - Hernán Herrera - Ramiro Manzanal - siguen las firmas

La paradoja del jiu-jitsu

Por Daniel Filmus *

En su libro Raúl Scalabrini Ortiz y la lucha contra la dominación inglesa, Norberto Galasso relata una anécdota que le ocurrió al integrante de Forja sobre inicios de la década de los ’50. A pesar de que la situación a la que hace referencia Galasso sucedió hace casi medio siglo, es posible proponer que algunas de las características del actual proceso que vive nuestro país ameritan su recuerdo. En una esquina de Buenos Aires se encuentra casualmente Scalabrini con un amigo empresario que allá por la década infame había visto fracasar su fábrica por la competencia de Bunge y Born. Al amigo parecía haberle cambiado la suerte “casi no lo reconozco, vestía ropas de óptima calidad... se me ocurrió que desde lo alto de su evidente opulencia avizoraba con cierto ligerísimo menosprecio la constancia invariable de mi modestia”. Rápidamente el personaje en cuestión pasó a relatarle cómo a partir de los préstamos públicos que había obtenido, de la nueva situación económica y del mayor consumo, pero principalmente de su iniciativa personal y de su espíritu de empresa, había logrado un éxito formidable en la expansión de su emprendimiento. Sin embargo, en unos instantes la mirada positiva de la realidad dejó lugar a una perspectiva pesimista a partir de una dura crítica al gobierno y a sus políticas demagógicas para con los obreros. Particularmente criticó el artículo 40 de la nueva Constitución, al que consideró directamente un absurdo por el papel que le garantizaba al Estado en la conducción de la economía en función de alcanzar la justicia social.
En este punto Scalabrini, que había escuchado en absoluto silencio, consideró necesario intervenir. En primer lugar le dijo que “el día que caiga el artículo 40 junto con él caerá su fábrica o comenzarán a formarse las condiciones para que caiga. El día que terminen los privilegios que con toda justicia aseguran las leyes a sus obreros, terminarán también todos sus créditos y su opulencia, que están sostenidos por el mismo principio de unidad y a poco volverá usted a ser el humilde ‘rasca’ que fue siempre, a pesar de sus grandes condiciones personales ¿No ha comprendido todavía que su esfuerzo aislado vale menos que nada, frente a los poderes extranjeros que su actividad perjudica sin quererlo? El día que muera el artículo 40 caerá el IAPI (Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio). Ese día Bunge y Born resucitará con toda su potencia y junto con él todo el conglomerado de intereses concentrados en la voluntad de mantener a nuestro país en el estado larval de factoría agropecuaria”.
Ante la mirada absorta de su amigo, Scalabrini arremetió entonces con textos de Mariano Moreno en los que destaca el papel que le corresponde al Estado: obtener los recursos que le permitan favorecer el desarrollo de la industria, la agricultura, las artes y el ingenio para favorecer a todos quienes viven en este territorio sin necesidad de “buscar exteriormente nada de lo que se necesite para la conservación de sus habitantes”. Pero el empresario ya no quiso escuchar más y se dispuso a continuar su marcha. Scalabrini lo vio partir con cierta pena reflexionando que al distanciarse de lo que le estaba leyendo su amigo avanzaba hacia su propia perdición, como los navegantes que van hacia el canto de las sirenas.
En este diálogo, Scalabrini hace referencia a la técnica del jiu-jitsu. Se trata de un método de lucha japonés merced al cual el luchador vence a su adversario aprovechando la fuerza de éste. Realizando una pequeña palanca, desviando su potencia, o quitando el punto de apoyo, por ejemplo, vuelve el impulso contra quien lo efectuó.
Sin lugar a dudas, la historia mostró que Scalabrini tenía razón. La fuerza que su amigo empresario aplicó contra el papel activo del Estado, el mejoramiento de las condiciones de vida y los derechos que obtuvieron los trabajadores a partir del gobierno popular, se le volvió en contra. Terminó favoreciendo las condiciones que impidieron el fortalecimiento y expansión de las industrias nacionales. No sabemos si habrá sido víctima del invierno de Alsogaray en los ’60, de la apertura de los mercados de Martínez de Hoz de los ’70 o del más crudo neoliberalismo de las políticas de Cavallo en los ’90 y en los primeros años de este siglo, pero me animo a afirmar que su industria probablemente haya corrido la misma suerte negativa que la mayoría de las empresas nacionales y que las condiciones de vida de los trabajadores argentinos a partir de la creciente regresividad en la distribución del ingreso que vivió nuestro país a partir del golpe de Estado de 1955.
¿Por qué recordar esta vieja historia en estos agitados días? Porque corremos el riesgo de repetirla. En el contexto del actual conflicto agropecuario, hemos visto que no pocos sectores medios del campo y la ciudad han salido a plantear sus diferencias con el modelo implementado a partir del 2003 y, en algunos casos, a discutir la propia legitimidad del gobierno electo en diciembre del año pasado. Sin embargo, hace no más de 5 años muchos de ellos transitaban por una crisis que, como la del país, parecía terminal. La megadesocupación producto de las políticas neoliberales, la falta total de perspectiva de los productores agropecuarios y de las economías regionales, el corralito bancario, la recesión económica y la inestabilidad institucional fueron algunos de los procesos que les impedía imaginar un futuro de bienestar dentro de nuestras fronteras. El gobierno que asumió con el 22 por ciento de los votos en mayo de 2003 les permitió recuperar la perspectiva del crecimiento, el progreso, la justicia social y la movilidad social ascendente.
No cabe duda de que muchos de quienes hoy salen a protestar y a pesar de todo lo que queda aún por hacer, han sido algunos de los más beneficiados por las políticas que promovieron el crecimiento económico interno y la capacidad de generar trabajo a partir del impulso a la distribución del ingreso, al mercado interno y las exportaciones. También han visto recuperar una Corte Suprema de Justicia independiente, el fin de la impunidad a la violación de los derechos humanos, disminuir drásticamente la pobreza y crecer la inversión en áreas sustantivas como educación y salud.
Queda claro que haber sido beneficiarios de las políticas gubernamentales no impide de ninguna manera realizar críticas y proponer nuevas estrategias para solucionar las cosas que no funcionan bien y merecen ser mejoradas. Sin embargo, entre quienes salieron a exteriorizar su desacuerdo, se hicieron escuchar más fuerte las voces de los que se oponen al actual gobierno y quieren verlo derrotado por cualquier medio, que las voces que proponen un debate serio y de fondo sobre políticas agropecuarias y distributivas alternativas que nos permitan delinear una Argentina para todos.
Desde que ocurrió la anécdota de Scalabrini que Galasso recuerda en su libro, “la paradoja del jiu-jitsu” se ha repetido en distintas ocasiones en nuestro país. No fueron pocas las veces en que la fuerza de algunos sectores medios contribuye a echar abajo proyectos democráticos, nacionales y populares. Sin embargo, como en el caso de Sanson, esta fuerza nunca alcanzó para evitar que el “palacio” caiga sobre sus cabezas y acabe también con sus propios intereses y proyectos sectoriales. Los beneficiarios reales de estas crisis han sido siempre los mismos y las víctimas también. Entre estas últimas siempre encontramos a los sectores medios, que por su propia esencia sufren junto con el resto del pueblo los procesos de concentración de la riqueza. Como dolorosamente sabemos, la magnitud del derrumbe y la dificultad para la reconstrucción del país luego de cada uno de estos episodios, han sido cada vez mayores. Evitar que vuelva a ocurrir es la tarea del momento.

* Senador por la ciudad de Buenos Aires, Frente para la Victoria.

Esta nota fue publicado por el diario Página 12:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/107138-33807-2008-07-03.html

La tristeza de los nuevos ricos

Por Alberto Müller *

Es difícil decir algo original, a esta altura, sobre el tema del conflicto entre ruralistas y Gobierno. Se han acumulado fundadas opiniones (en particular en este diario) que coinciden en destacar el relativo fundamento del reclamo y la inaceptable extorsión de las formas del reclamo. Pero también la forma negativa en que el Gobierno ha hecho política en estos años, lo que ha constituido el material explosivo subyacente que el conflicto ha detonado. Ahora que la fase aguda del enfrentamiento parece haber cedido, ante la instancia de la apertura del debate parlamentario, cabe ensayar alguna reflexión a más largo plazo.
Mucho se ha dicho acerca de la paradoja que representa un reclamo de esta envergadura y animosidad, por parte de un sector al que le ha ido más que bien a partir de la devaluación. La Nación, un medio claramente embanderado con el “campo”, ha destacado recientemente la impresionante valorización de los inmuebles urbanos de las localidades del interior pampeano. Hay datos concretos además acerca de cómo se han incrementado los valores de las tierras afectadas a la producción. Todo esto no se explica, sino por los suculentos excedentes rurales. Es importante descifrar este cuadro, porque revela nuevas actitudes políticas e incluso culturales que pesarán a futuro. Se trata de la presión que ejercen personas de situación económica acomodada y que se perciben a sí mismas como con capacidad y autoridad para ello.
Que grupos económicos con poder actúen extorsivamente no es nuevo. La expresión “golpe de mercado” fue acuñada por el periodismo financiero para hacer referencia al episodio hiperinflacionario de 1989, que en definitiva gatilló las tan ansiadas “reformas estructurales” noventistas. Ahora no es el sistema financiero. Ahora es el “campo” el que actúa de esta forma, blindado por los recursos que los precios internacionales y la política de tipo de cambio alto le brindaron. Es el reclamo de personas que se sienten ricas, que viven la burbuja sojera y que quizá temen que termine como todas las burbujas. Es el reclamo del poderoso –y no del marginado– frente al Estado. Es la tristeza de los nuevos ricos. No es otra cosa lo que puede explicar la hasta ahora impensable alianza de la Federación Agraria con los sectores más concentrados de la propiedad de la tierra.
Pero además el trasfondo político y cultural es peculiar, y merece ser analizado, para diferenciarlo de episodios donde las finanzas estaban en el primer plano. El clamor se asocia con antiguos mitos autóctonos, tales como aquel de que la auténtica Argentina es la que reside en el interior; no lo es una ciudad portuaria, que otea siempre hacia ultramar. El mito se completa con la idea de que es el interior rural el depositario de la verdadera riqueza argentina, rapiñada por ociosos habitantes urbanos.
Esta dualidad permanece en la conciencia social más allá de que los hechos evidencien realidades bastante más ricas, que no se prestan a maniqueísmos. El campo no lo es todo en la Argentina: su producto bruto es la mitad del producto industrial. Un cálculo que ha circulado y que sostiene que el campo y la actividad conexa representa el 40 por ciento del empleo total no es más que un sofisma: contabiliza por ejemplo las panaderías como parte indisoluble de la agroindustria, siendo que ellas existen también en Hong Kong, por ejemplo, donde seguramente no hay producción agrícola. Por otro lado, la industria no vinculada al agro ha duplicado sus exportaciones desde los ’90, representando hoy día más del 30 por ciento de lo vendido al exterior. La industria, además, dista de ser un fenómeno metropolitano: se ha expandido más allá de los límites de la región pampeana. La Argentina es hoy un país cuya actividad productiva se funda en una combinación de recursos naturales, capacidad manufacturera y desarrollo de determinados servicios. Una combinación característica, por lo demás, de cualquier economía medianamente desarrollada, que inevitablemente se torna compleja. Y en el caso argentino, una economía que requiere un tipo de cambio diferencial.
Ningún movimiento político trascendente fue capaz de apuntar a una superación de este esquematismo cultural porque su rentabilidad electoral es elevada, sobre todo cuando el desempeño de los gobiernos provinciales suele ser medido en términos de cuántos recursos le extraen a la Nación.
En definitiva, pagamos con este conflicto las consecuencias del enriquecimiento de un estrato social que en los ’90 mayormente cortaba clavos y que ahora vive bien; de rentas, en más de un caso, sin involucrarse en el proceso productivo. Pero pagamos también las consecuencias de una práctica política que ha fragmentado y que no ha sido capaz de aglutinar en torno de un proyecto común una sociedad territorialmente diversa y con una mitología particular a cuestas. Y desde ya pagamos también las consecuencias de un gobierno que no ha percibido la necesidad de ampliar un espacio de consenso no cooptado.
La pregunta es qué hacer. Los problemas estructurales tienen la mala costumbre de estallar como crisis agudas, donde lo urgente supera lo importante. Y ninguna crisis es de administración fácil, sobre todo cuando la autoridad del Estado es puesta en duda. Se necesitará razón, temple y paciencia, sobre todo por parte del Estado. Todo ello aun cuando el costo pueda ser la erosión coyuntural del apoyo de la opinión y aun del nivel de actividad, que inevitablemente se resentirá si este cuadro persiste. En definitiva, cualquier persona razonable sabe que una sociedad no puede funcionar con individuos que deciden a su albedrío quién puede circular y quién no. Hasta ahora, el Gobierno ha sido el único que ha revisado su posición, introduciendo modificaciones acertadas a la normativa original sobre retenciones. Lo razonable sería que esto ocurriera lo más pronto posible. Pero los colectivos sociales no son necesariamente razonables. Los caceroleros pudientes que muestran cacerolas supuestamente vacías, vacías por la acción de los mismos ruralistas que ellos apoyan, son una buena demostración.

* Profesor FCEUBA

LA transformación del modelo rural

Por Nicolás Arceo y Mariana González

En el conflicto con “el campo”, buena parte de la discusión giró en torno de unos pocos datos fragmentarios acerca de la actual situación del ámbito agropecuario, que cada uno de los sectores
en pugna empleaba para convencer al público acerca de la justicia de su propia posición. Entre tantas opiniones e informaciones encontradas resultó difícil formarse una imagen precisa acerca
de la posición que ocupa el agro en la producción, en el empleo, en la generación de valor agregado y en las exportaciones.

Un primer punto llamativo acerca de la presunta importancia económica del campo, es que sólo aporta en la actualidad el 8,4% del valor agregado generado en la economía. Es más, el crecimiento de la producción del sector ascendió sólo al 3% del aumento total del PBI en los últimos cinco años. Tampoco su peso en el empleo es muy significativo: incluso si se incluye a los ocupados en las industrias de alimentos, sólo el 11,4% de los puestos de trabajo corresponden al sector (1). En cambio, como a lo largo de toda la historia argentina, de las actividades agropecuarias proviene la mayor parte de las divisas de que dispone el país: su participación en las exportaciones asciende al 57,4% del total, considerando tanto las correspondientes a productos primarios como las de las manufacturas de origen agropecuario. Y, por otra parte, se trata del mayor oferente de bienes de consumo de los trabajadores (bienes-salario) de la economía argentina. Los alimentos y bebidas constituyen el 31,3% de la canasta de consumo de la población y un porcentaje aún mayor para los hogares más pobres (46,6% en el primer quintil de
ingresos). Las variaciones en sus precios tienen, por lo tanto, una influencia fundamental en la evolución de los salarios reales.

Podría decirse que la posición del agro dentro de la economía nacional está signada por un marcado contraste: de una parte, su peso dentro de la producción y el empleo global del país no es, en comparación con otros sectores, demasiado significativo. Pero por otro lado, el campo concentra dos recursos clave para la economía nacional: provee buena parte de las divisas y de los alimentos para su población.

Para comprender la lógica de funcionamiento del sector en la actualidad se hace necesario retroceder en el tiempo, ya que su configuración vigente responde al resultado de las transformaciones acontecidas en el conjunto de la economía argentina en las últimas tres décadas.

(...)

El cuadro en la zona pampeana, que constituye el núcleo de la producción agropecuaria nacional y explica el 87,5% de la oferta de cereales y oleaginosas, no parece digno de grandes reclamos. Independizados del ciclo económico, los productores experimentaron durante la crisis una situación de riqueza en medio de la miseria, que se potenció en los años siguientes. La rentabilidad creció de manera espectacular. En términos patrimoniales, el valor de su activo (la tierra) multiplicó su precio en dólares. Muchos pequeños propietarios abandonaron la producción para arrendar su campo y vivir de rentas. Mientras tanto, el proceso de sojización extendió la frontera agropecuaria hasta alcanzar zonas insospechadas.

En el contexto de expansión de la producción agropecuaria y de elevados niveles de rentabilidad del período post-devaluación, resulta llamativa la importancia que alcanzó el lock-out llevado adelante por las distintas organizaciones que representan a la burguesía agraria en nuestro país. Mirando más detenidamente la cuestión, resulta que la discusión no gira centralmente ya en torno al nivel de retenciones aplicado, sino que cuestiona de forma mucho más general la apropiación directa de parte del excedente agropecuario por parte del Estado –a través de la recaudación de las retenciones– y en forma indirecta por parte de la sociedad –a través del menor precio de los alimentos–. El conflicto evidencia también algunos elementos que parecen no haber sido tenidos en cuenta por las autoridades en la aplicación de las últimas medidas. El sector
agropecuario presenta distintas realidades como consecuencia de las diferencias regionales y, principalmente, de las escalas de producción. Incluso el actual modelo tiende a fragmentar aún más las condiciones del agro, concentrando fuertemente la producción (y también la propiedad) y desplazando algunos cultivos hacia zonas marginales cuya rentabilidad es mucho menor, aunque, no hay que olvidarlo, antes fuera nula o negativa. Estos contrastes se han profundizado en los últimos años como consecuencia de la expansión de la agricultura extensiva.

El lock-out patronal ha demostrado que el sostenimiento de una moneda devaluada y la aplicación de retenciones a las exportaciones no constituyen por sí solas una política de desarrollo agropecuario. Más allá de estas medidas, sigue vigente la total desregulación del sector iniciada en la década de 1990 y siguen ausentes las medidas específicas de promoción. Es necesario elaborar un plan que permita revertir, o al menos mitigar, las fuertes asimetrías presentes entre los productores, para lograr un desarrollo integrado del campo y evitar la carencia de oferta de ciertos cultivos desplazados por la soja o por su exportación.

Los menores márgenes de rentabilidad de los medianos y pequeños agricultores no se superan a través de la implementación de retenciones diferenciadas según la escala de producción, que además son de dudosa aplicabilidad. Sólo puede ser efectivo el establecimiento de políticas específicas hacia ese conjunto de actores económicos y que tiendan a elevar su productividad.

Claro que no se trata de una solución inmediata, y en medio de una confrontación tan áspera como la actual su efectividad puede considerarse demasiado lejana.

La nota fue publicada por Le Monde Diplomatique de mayo 2008. Para leer el artículo completo ingrese a:

http://cenda.org.ar/files/LE%20MONDE%20107%20ARCEO%20GONZALEZ.pdf

Lágrimas de cocodrilo en el campo

Por Fernando Krakowiak

Dicen que su rentabilidad está en riesgo y lo repiten cada vez que tienen la oportunidad. Su discurso apunta a reforzar el imaginario del chacarero que trabaja de sol a sol para ganarse el pan con el sudor de su frente. Por eso se comparan con los campesinos que protagonizaron el Grito de Alcorta, a principios del siglo XX, y cada vez que realizan una manifestación sacan a relucir los tractores viejos que adornan sus chacras. Sin embargo, los empresarios que durante los últimos tres meses cortaron rutas no defienden su supervivencia como actor económico sino una renta extraordinaria que queda en evidencia en la cotización record de los granos y el espectacular precio de sus campos. El debate parlamentario sobre las retenciones es una buena excusa para repasar esos números que siguieron mejorando durante el conflicto.

Según datos de la Secretaría de Agricultura, el viernes pasado la tonelada de soja, una vez descontadas las retenciones y los gastos de exportación, cotizó en los puertos argentinos a 972 pesos. El 28 de diciembre, en cambio, el precio era de 926 pesos. Eso significa que, pese al aumento de las retenciones, el productor recibe hoy un 5 por ciento más que a fin de año. Si se compara con principios de octubre, cuando los empresarios tomaron la decisión de invertir en la nueva campaña, la suba es del 16 por ciento (de 837 a 972 pesos). En el caso del girasol, la situación es similar: en diciembre del año pasado, el precio de la tonelada, una vez descontadas las retenciones, era de 1142 pesos y el viernes cerró a 1252 pesos (9,6 por ciento).

Como las estadísticas dejan en evidencia que, pese al aumento de las retenciones, los ingresos del complejo agroindustrial siguieron mejorando, las entidades que representan a los productores dicen que el problema es la suba de los costos (semillas, fertilizantes, etc.), los cuales supuestamente horadaron la rentabilidad del sector. Sin embargo, según cifras de la Compañía Argentina de Tierras, la inmobiliaria más grande del país dedicada al sector agropecuario, el valor de los campos siguió subiendo en los primeros cinco meses del año. Ese dato contradice el argumento de los dirigentes del agro, pues si el precio de la tierra aumentó es porque la demanda creció y si la demanda creció es porque la rentabilidad actual y la proyectada son muy tentadoras

(…)

Durante las últimas semanas, algunos analistas plantearon, por ingenuidad o conveniencia, que la disputa que está llevando adelante el Gobierno no se justifica si se toma en cuenta que con este aumento de las retenciones “apenas” tenían previsto recaudar 1500 millones de dólares adicionales. Sin embargo, lo que está en juego no sólo es la renta extraordinaria de este año sino la que se espera para las próximas cosechas. La demanda creciente de granos para alimentos y combustibles, potenciada por la especulación financiera global, hace prever un escenario de expansión sólo comparable con lo ocurrido entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. De hecho, en marzo parecía ciencia ficción que la tonelada de soja llegara a cotizar a 600 dólares en el mercado internacional y ahora está a punto de alcanzar esa marca. Esta semana los diputados no van a discutir el futuro de los pequeños y medianos agricultores, por los cuales ahora todos parecen preocuparse, sino el derecho del Estado para apropiarse de esa renta extraordinaria en nombre del conjunto de la sociedad.

La nota fue publicada por el diario Página 12 el día 30 de junio de 2008. Para leer el artículo completo:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-106956-2008-06-30.html

Por qué piden la suspensión

Por Alfredo Zaiat


En estos días de reclamos del sector privilegiado del campo que confunde y oculta frente a un coro de cabezas mediáticas que asiente podría abrir las puertas a otras demandas. La Mesa de Enlace & cía. demanda la suspensión de la aplicación de las retenciones móviles. Entonces, por caso, los industriales estarían en condiciones de pedir al Gobierno la suspensión del pago del Impuesto a las Ganancias. El argumento sería que si tienen que abonar el tributo como corresponde no estarían dadas las condiciones para invertir, además de que la alícuota del 35 por ciento es confiscatoria porque supera el 33 por ciento, como se repite en estos días para desinformar. Las rentabilidades fabulosas de los últimos cinco años de la industria han sido simplemente una lectura equivocada de aquellos que no quieren el progreso del país.

También todas las empresas del país pueden exigir la suspensión del aumento promedio del 20 por ciento para los trabajadores formales acordado con los gremios para este año. Aquí la idea fuerza puede ser que no es oportuno ese ajuste porque no permite el desarrollo del sector privado en un momento de turbulencia política. Los salarios que recién han recuperado lo perdido por la megadevaluación pueden esperar teniendo en cuenta que para el capital nunca es suficiente la acumulación.

Los bancos pueden sumarse y exigir la suspensión de los aún impagos amparos a ahorristas atrapados en el corralito porque todavía el sistema está en proceso de consolidación. Las ganancias que están registrando es un espejismo de aquellos que piensan que las entidades financieras están pasando por un buen momento.

El campo sojero, acompañado de intendentes sojeros y diputados sojeros, pide la suspensión de la resolución que dispuso el aumento y la movilidad de los Derechos de Exportación. Si no fuera que se sabe que en el juego político cada una de las partes va mostrando sus cartas en el momento que considera oportuno para conseguir la mayor ventaja, esa propuesta ni sería tomada en cuenta. O, en todo caso, habría que descubrir su intención: los 180 días de suspensión son el tiempo óptimo para exportar toda la soja acumulada al extraordinario precio de 600 dólares que alcanzó ayer en el mercado internacional.


La nota fue publicada por el diario Página 12 el día 2 de julio de 2008.

El grito de Figueroa Alcorta

Por Matías Kulfas

Caída la noche del 25 de marzo, la avenida Figueroa Alcorta comenzó a poblarse de personas y cacerolas. Integrantes de familias acomodadas, vecinos de Recoleta y Barrio Parque salieron a la calle esta vez ya no para reclamar por la porción de sus ahorros amasados durante la convertibilidad que parecían esfumárseles de las manos (cosa que finalmente no ocurrió), sino para protestar en solidaridad con “el campo”. Los reclamos se mezclaban. Algunos protestaban contra la inseguridad. Otros contra los “modales” del hecho maldito del país burgués, tal como John William Cooke gustaba definir al peronismo.

Los más osados tuvieron la ocurrencia de comparar este grito de Figueroa Alcorta con aquella huelga agraria de 1912 que la historia bautizara como “Grito de Alcorta”. Un nuevo desatino. El grito de Alcorta, así conocido por el pronunciamiento realizado por los agricultores en la localidad de Alcorta, en el sur santafesino, fue una protesta de los pequeños agricultores arrendatarios contra las condiciones que les imponían los propietarios de las tierras. Aun en épocas de bonanza y buenas cosechas, estos pequeños agricultores apenas juntaban las monedas necesarias para vivir.

La situación actual es diferente. Un rasgo distintivo que caracteriza al nuevo modelo productivo que se inicia en 2003 es su carácter inclusivo. Las grandes empresas han obtenido fuertes tasas de rentabilidad, pero también las pymes se recuperaron vigorosamente y obtuvieron tasas de ganancia tres veces más elevadas que en los años de mayor crecimiento de los ’90. En el campo se ha vivido una prosperidad que no se veía desde hace mucho tiempo. Una vez más, los grandes productores obtuvieron rentabilidades extraordinarias, pero los pequeños y medianos fueron y son partícipes de esa prosperidad. Seguramente habrá situaciones que atender y analizar, fundamentalmente entre los pequeños productores de la periferia de la Pampa Húmeda, pero si no se parte de esta realidad el reclamo pierde legitimidad y sólo contribuye a afianzar la posición de privilegio de algunos dirigentes agrarios que piensan en un país para pocos como mero anexo del mercado mundial de alimentos.

Muchos de estos dirigentes piensan que las épocas de bonanza se basan en sus propios méritos empresarios, mientras que las fases de crisis son culpa del gobierno de turno. Pero vale la pena recordar que la actual estructura de rentabilidades no es un hecho natural o divino. Es el resultado de la implementación de una política macroeconómica que garantiza un tipo de cambio competitivo que estimula el desarrollo de los sectores productivos en su conjunto.
El sector agropecuario obtiene una elevada rentabilidad que resulta de un tipo de cambio efectivo (tipo de cambio nominal menos retenciones) más elevado que en situación “de equilibrio”, a la vez que el sector industrial tiene incentivos para exportar, sustituir importaciones y una protección ante la competencia externa. Hace pocos años en la Argentina cerraban 15 mil empresas por año y muchísimos pequeños productores agrarios estaban quebrados. Hoy el agro, la industria y los servicios crecen vigorosamente.

Las retenciones distan de ser una mera herramienta recaudatoria para jugar un papel central en la política económica. En primer lugar, porque garantizan el crecimiento de la producción en su conjunto sin que la expansión agropecuaria se traslade automáticamente al precio de los alimentos que se consumen en el mercado interno. En segundo lugar, porque no atentan contra la rentabilidad del agro. Los márgenes brutos por hectárea son en la actualidad, y aun con el nuevo esquema de retenciones, un 300 por ciento más altos que durante la convertibilidad, como lo han demostrado los cálculos de Nicolás Arceo y Javier Rodríguez. En tercer lugar, y tal vez el más importante, porque de lo que se trata es de articular una estrategia que permita asociar al campo y la industria en una estrategia de desarrollo. Y, fundamentalmente, que el desarrollo de uno estimule al del otro y viceversa (el ejemplo más claro es la maquinaria agrícola, pero también la biotecnología, el software, entre muchas otras).

Finalmente, cabe señalar que es incorrecto decir que las retenciones son distorsivas porque son un impuesto a las ganancias generadas por la política de sostenimiento del tipo de cambio. Desde el punto de vista del sector agrario, el tipo de cambio nominal sin la mencionada política resultaría más bajo que el tipo de cambio efectivo que vienen percibiendo estos años.

Se trata, en definitiva, de construir sociedad incluyente, donde el campo pueda crecer y dar cuantiosas ganancias como en estos últimos años pero en armonía con el proceso de reindustrialización, la recuperación del empleo y el salario y la inclusión social.

Esta nota fue publicada en el Diario Página 12 el día 28 de marzo de 2008
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-101453-2008-03-28.html

Renta agraria y ganancias extraordinarias en la Argentina 1990-2003

Por Javier Rodriguez y Nicolás Arceo

En este trabajo, publicado en abril de 2008 por el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (CENDA), se analiza el patrón de distribución de la renta agraria en la economía argentina en los años noventa y su modificación como consecuencia de la devaluación del año 2002. Se realiza para ello, un cálculo de la renta agraria lo más aproximado posible,
dada la información disponible.

En la primera sección del presente trabajo se revisa brevemente el concepto de renta agraria, para posteriormente en la segunda sección evaluar los efectos de la aplicación de retenciones a las exportaciones en la economía local. En la tercera sección, se analiza el patrón de distribución de la renta agraria en la década del noventa. Por último, en las conclusiones se evalúan las implicancias de la apropiación de rentas en el proceso de desarrollo de la economía argentina.

Para consultar el trabajo completo ingrese al siguiente link:
http://www.iade.org.ar/uploads/c87bbfe5-7efa-bc07.pdf

Consideraciones en torno al modelo de país que queremos

Por Mario Rapoport

Ante el reclamo efectuado por el sector agropecuario vuelve a plantearse en la agenda nacional un debate que se creía superado después de la crisis casi terminal que afectó al conjunto de la sociedad y de la economía argentina en el 2001 y 2002. Ese debate trasciende la mera discusión sobre las últimas medidas implementadas por el gobierno en torno a la política económica dirigida a aquel sector.

La implementación de las retenciones, con un tipo de cambio alto, el auge de las exportaciones y el aumento de los precios internacionales -junto a la recuperación del mercado interno- han permitido incrementar sustancialmente en los últimos cinco años los recursos tributarios, logrando un superávit fiscal inédito en la historia económica argentina. Esas retenciones impiden una suba indebida en los precios internos de los alimentos exportables, morigeran las ganancias extraordinarias del sector agroexportador, y permiten tener a disposición recursos que sirven no sólo como recaudo antíciclico y del pago de la deuda sino para aumentar gastos sociales y de infraestructura, otorgar subsidios a servicios públicos o estimular actividades productivas.

El campo no es uno sólo. Conviven realidades muy distintas con sectores altamente concentrados que disponen de la mayor parte de la tierra y de los recursos financieros y productivos y otros que dependen de aquellos. Los pequeños productores padecen en general de situaciones que ameritan una protección especial a sus ingresos, como ocurre en países de mayor desarrollo donde reciben fuertes subsidios. Pero esta problemática no depende del nivel de las retenciones sino de políticas específicas que redistribuyan una parte de esos recursos fiscales entre estos sectores. La concentración es un serio problema que afecta al conjunto de la economía argentina y debe atenderse mediante acciones de políticas económicas vinculadas con acceso al financiamiento, la provisión de apoyo técnico para incrementar la productividad, la reestructuración de las cadenas productivas, la transparencia en la formación de precios y el mejor funcionamiento de canales de comercialización.

Para leer el artículo completo ingrese a: http://www.mincyt.gov.ar/documentos/Consideraciones%20en%20torno%20al%20modelo%20de%20pais%20que%20queremos.pdf

Décadas distintas, políticas distintas, resultados distintos:

Dedicado a la dirigencia agropecuaria nacional…

Por Ing. Agr. Guillermo Daniel Martini

Paro agropecuario. Lock out patronal hasta desabastecer las ciudades. Los propietarios de campo se manifiestan con cortes de rutas en numerosos puntos del país. Los chicos "cardón" golpeando las ollas Essen en Palermo, Barrio Norte y Recoleta.
Declaraciones altisonantes: "Dictadores", "Ladrones", "Nos están matando", "El gobierno de Cristina Fernandez favorece la concentración"… Se tiran miles de litros de leche. Se sacrifican millones de pollitos. Se tira carne a la ruta. Se intenta paralizar la economía bloqueando las rutas nacionales. Se desabastece….
Todo esto en el marco de la mayor y más sostenida tasa de crecimiento y utilidad del sector: Los datos son objetivos: 100.000.000 de ttnn. de producción de granos. Ventas record de maquinarias agrícolas, boom inmobiliario con precios de campos que se multiplicaron por cinco. Endeudamiento cero, gas oil subsidiado, electricidad subsidiada, cero pago de peaje, dólar a $3,20, sueldos sectoriales que son los mas bajos del país.

Paro el reloj, lo atraso, recuerdo… Año 1990. La dirigencia agropecuaria exige sus reivindicaciones:
-Eliminación de las retenciones que exprimen el campo a favor de la industria.
-Eliminación de todos los organismos públicos de promoción y control, Junta Nacional de Granos y Junta Nacional de Carnes que con sus "arbitrarias resoluciones distorsionan el mercado y los precios" y con su funcionamiento hacen perder rentabilidad.
-Eliminación de 0,5 % de retención sobre las ventas de granos con destino a un INTA autárquico que producía tecnología apropiable.
-Privatización de los puertos ineficientemente administrados por el estado. Privatización de los FFCC que pierden un millón de dólares por día. Concesión de las rutas nacionales.
-Dolarización de la economía para ponerla a tono con los precios internacionales, así el campo se tecnifica y cobra la totalidad del precio internacional.

Propuestas que son un "negocio" según Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas, y demuestra la miopía de CONINAGRO y Federación Agraria Argentina (según los primeros).

Llega Menem… De "caudillo riojano" que mete miedo a la oligarquía, a "mono con galera" homenajeado en un Pontiac descapotable en la pista de juras de la exposición rural. Menem dio TODO lo que la dirigencia del campo pidió.

# Se eliminaron las retenciones, se disolvieron las Junta Nacional de Granos y de Carnes, aquellas que garantizaban los Precios Sostén y en Origen y financiaban a precio subsidiado el fertilizante en canje por cereal…¿Se acuerdan qué lindo era, Sres. pequeños productores?.

# Se cerraron ramales ferroviarios que eran deficitarios, se privatizaron y concesionaron la explotación de las rutas, se eliminaron las alícuotas de importación de insumos. Se privatizaron los puertos, se eliminó el 0.5% sobre la comercialización de productos agropecuarios con destino al INTA, que con cambio de dirección empezó a investigar para Cargill, Monsanto, Dreyfus, etc. (investigación adaptativa que le decían, que adaptaba lo que venia de afuera y no hacia investigación propia). Se asfixió el sistema financiero nacional. Con esta maravillosa receta los camiones de los productores (los que tenían camiones) ya sin competencia del FFCC, empezaron a gastar menos gomas en las rutas concesionadas y "arregladas"… y a pagar 12 dólares de peaje cada 200 Km. Se compraban máquinas importadas a precio de ganga. Se conseguían Agroinsumos por moneditas, (Aunque en los envases tuvieran la leyenda en inglés "no apto para consumo en territorio de los EE.UU., only for exportation"…!?? ), se pagaban royalties hasta para estornudar, y la intelectualidad económica, inclusive los pseudo progres, festejaban, demostrando con complejos cálculos de eficiencia económica, que los costos de transacción habían disminuido entre un 5 y 7 %, sin las "molestias" que provocaban el INTA la JNC, la JNG, los FFFCC. Deficitarios. Se declararon Inviables varias provincias del NEA.
# Se decretó la convertibilidad del peso y se fijó un tipo de cambio en una relación de 1 a 1 con respecto al dólar. Diez años inamovibles, con una inflación que llegó al 110 % en el período y provocaba que cada vez que alguien estornudaba en México (efecto Tequila), o tosía en Rusia (efecto Vodka), o se rascaba en Brasil (efecto Caipiriña), todos lloraban en Argentina y las crisis externas se copiaban textuales aunque no tuviésemos nada que ver.
# Se conseguía plata a precio de ganga: 18% anual en dólares. Los Bancos extranjeros hicieron su agosto, las cooperativas salieron en auxilio de sus pequeños y medianos productores, y el sistema se llevó puesto a los productores y sus cooperativas. ¿Se acuerdan de esto Sres. de CONINAGRO y FAA?.
# La capacidad de compra de la producción agropecuaria se desbarrancó.
# La misma maquinaria que antes se compraba con 1000 qq. de trigo ahora se compraba con 4.000 qq.
# Un kg. de algodón en planta en el Chaco costaba mas caro que un Kg. de camiseta china puesta en el puerto.
# Un Kg. de helado valía lo mismo que 100 kg. de Soja (y no había retenciones y los costos de transacción habían caído un 7%).

El resultado inmediato y anunciado explícitamente por el Secretario de Agricultura Regúnaga en el Congreso anual de FAA en 1976 "Van a tener que desaparecer 200.000 productores por falta de escala", se manifestó rápidamente: Desaparecieron casi 300.000 pequeños y medianos productores, que alquilaron, o vendieron sus campos que hoy valen U$S 15.000 al precio de remate de U$S 900. (Si es que antes no se los había rematado su Banco amigo), y que, junto con los obreros de las empresas privatizadas pasaron a manejar taxis, o a comprar kioscos o a comerse su escaso capital como rentistas.

El proceso de concentración fue escandaloso. Estudios de economistas rurales serios, demostraron que para ganar la misma plata que en 1990, un productor, en 1999 debía producir 5 veces más por unidad de superficie. Y llegaron los POOLS de siembra y los capitales extraagrarios…. Y se fue al diablo la economía del interior del país. No se vendían máquinas, se cerraban las hilanderías, no se levantaba o se tiraba al río la fruta y la verdura, comíamos pollo y cerdo brasilero, uva chilena, naranjas israelíes, papas canadiense.
Y por supuesto sobraba gas oil, gas, electricidad, se podía viajar cómodamente en las rutas ya que no había tránsito, y los pequeños productores que quedaron aislados por el cierre de los ferrocarriles prendían velas a la virgen para que apareciera un camión a comprarle el carbón o el zapallo a precio vil.
Según datos de CONINAGRO (sí….: este mismo que ahora llama al lock out) la deuda del sector agropecuario llegaba en 1999 a 7.000.000.000 de dólares, y solamente el banco Nación, al que intentaron privatizar numerosas veces, tenía hipotecadas 12.000.000 de has. de la Pampa Húmeda.
Y Menem saludaba desde el Pontiac, aplaudido en la SRA, y los Dirigentes Agrarios del campo nacional miraban para otro lado, y en un máximo nivel de combatividad y por presión de sus bases, esas mismas que ahora dicen ser incontrolables, FAA y CONINAGRO, sin el apoyo de SRA y CRA. decretaban paros de 24 o a lo sumo 48 hrs. Sin piquetes por supuesto.
Estos eran solo para los negros y jubilados de Castells, ese mismo que ahora los arenga y ayuda en Córdoba.

Maravilloso mundo el regido por el "Mercado Soberano". "La Eficiencia Económica", el aplauso de los EEUU, ese mismo que ahora no sabe que hacer para salir de la crisis, mientras nosotros salimos de vacaciones….
Maravilloso el mundo del hambre , la desnutrición, el 40 % del desempleo, y la apatía de los combativos dirigente agropecuarios a los que les habían dado todo lo que habían pedido y ahora o festejaban en La Rural, o temblaban en su casas, según fueran los de la S.R.A. o de F.A.A.

Adelanto el reloj… llega el gobierno peronista, elimina la convertibilidad, fija y mantiene un tipo de cambio competitivo. Se pesifican las deudas de los productores y se dolariza su ingreso. Se congelan las tarifas de electricidad, gas. Se congela el precio del gas oil. Quedan pesificados los sueldos de los trabajadores que producen la soja dolarizada. La soja pasa de $15 a $65 el quintal.
El estado nacional emite bonos para compensar la pesificación de las deudas de los productores, bonos que hoy aún pagan todos los argentinos..
Los productores salen del endeudamiento e invierten en maquinarias, propiedades, etc.
Se produce el alza de los precios de la tierra que quintuplica su valor. Prácticamente desaparecen las hipotecas bancarias y la deuda del sector pasa de 7.000 millones de dólares a 800 millones de pesos.
El gobierno aplica la principal política de promoción del agro: Mantiene un dólar competitivo de 3.20: 1, vía intervención sistemática en el mercado comprando dólares cuando este cae.
Pero el sector agropecuario, beneficiado por la política de gobierno, más el alza de precios internacionales, no es el único sector de la economía. Los más perjudicados de la pesificación y la salida de la convertibilidad fueron los asalariados y los sectores de ingresos fijos, y en general, los desocupados y excluidos del sistema.
El gobierno adoptó una serie de medidas tendientes a la recuperación del salario y a la recomposición del ingreso, combatiendo la desocupación que cayó a menos del 8 % y aumentando los salarios por encima del costo de vida. Seis millones de personas salieron del desempleo y un millón seiscientos mil ancianos sin aportes accedieron a una jubilación. Recompone los ingresos y defiende su capacidad de compra.
Es que un tipo de cambio 3,20:1 con duplicación de los precios internacionales, se convierten en una maravilla para los ingresos del campo, pero en un desastre para la gente de ingresos fijos que se alimenta de esos mismos productos que aumentan. Y las retenciones se explican en ese marco: Son depresoras de los precios internos y trabajan como herramienta de recaudación directa del estado, que se queda con la diferencia entre los precios internos y los internacionales.
Con ese dinero el gobierno realiza políticas de estado: Obras públicas, autopistas, saneamiento de cuencas hídricas inundables, ferrocarriles, etc. Con ese excedente el gobierno también interviene en el mercado cambiario, manteniendo un dólar alto y competitivo que favorece a las exportaciones entre ellas, las del sector agropecuario.
Con ese excedente el gobierno tiene reservas y está blindado ante la crisis internacional, que hoy hace temblar a EEUU y a Europa y a nosotros ni nos toca, y estabiliza las condiciones macroeconómicas internas
Con ese excedente el gobierno paga jubilaciones, genera empleo, atiende a los excluidos, paga la universidad pública y gratuita, los hospitales públicos etc.
Con ese excedente el gobierno subsidia a los combustibles, la electricidad, los peajes, el transporte de carga, mantiene bajos los alimentos de primera necesidad que de no ser así serían inaccesibles a los sectores asalariados. Inclusive a los peones rurales.
El gobierno interviene de la misma manera en el petróleo y minería.
Podemos acordar que existió poco diálogo, que no se discutió parte de esta política, y que debería haber políticas diferenciales explícitas y ágiles que compensen las asimetrías entre los pequeños y medianos productores, distribuidos en todo el país, respecto a los pools de siembra y capitales extraagrarios que hacen su agosto quedándose con el grueso del producto de la extraordinaria renta de la tierra, propiedad de contenido social según nuestra constitución.
Lo que los dirigentes agropecuarios nacionales deberían tener es un poco mas de memoria, y acordarse de lo que pasó en la historia argentina del último siglo.
Un principio elemental que tiene raíces en la ética y en el sentido común, es el de que nunca nos podemos aliar con el enemigo.
Y mucho menos para combatir a un gobierno que ha dado sobradas muestras de coherencia en materia económica, social y de derechos humanos, y que ha llevado un país destruido a otro donde empieza a valer la pena ser vivido.
Si, como en el caso de Federación Agraria Argentina, FAA, nacida al calor de la lucha contra la oligarquía terrateniente, nos aliamos con esos mismos enemigos que lucharon toda su historia por destruir las bases de un país independiente, no dudando para ello en fomentar golpes de estado, avalar la masacre de argentinos, desde la Patagonia trágica en adelante, pasando por los golpes contra los gobiernos democráticos de corte nacional, los bombardeos a la Plaza de Mayo, los fusilamientos, el golpe del 66, el del 76, paseando con honores a dictadores, y proveyéndoles ministros de economía y base política de acción, estamos irremediablemente destinados a repetir la historia y a convertirnos en avalista aún sin pretenderlo, de las acciones que estos sectores realizaron en el pasado y hoy se empeñan en repetir.
Deberían recordar, Sres. dirigentes agropecuarios del Campo Nacional, integrantes de organizaciones de centro izquierda y de organismos que luchan contra la pobreza, que su aliado en este lock out patronal sangriento, que condena al hambre y a la angustia a millones de argentinos de ingreso fijos, que la Sociedad Rural Argentina, tiene un predio en Palermo cuyo principal pabellón lleva el nombre de José Alfredo Martínez De Hoz.
Y si no, basta con escucharlos hablar de Piquetes de blancos, llamando a la insurrección y al sitio por hambre a las ciudades, a firmar pedido de plesbicito por SMS para reemplazar a la presidenta, o directamente golpeando las puertas de Olivos pidiendo su renuncia. A una presidenta que hace nada más que 110 días, asumió con el 45 % de los votos.
Y no duden, señores dirigentes agropecuarios, que sus aliados, en alguna otra oportunidad de gobernar que tengan y que ya están buscando, se van a encargar de hacer desaparecer a los 180.000 pequeños y medianos productores que se salvaron de la década del 90, y a los cuales este gobierno rescató.

Esta nota fue publicada en el portal:
http://www.tercermundonline.com.ar/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=10753

Ganan como nunca

Por Nicolás Arceo y Javier Rodríguez

Incluso con el aumento de retenciones y con los actuales precios internacionales, la producción agraria mantiene niveles de rentabilidad elevadísimos.

El incremento de las retenciones a las exportaciones de los principales productos agrícolas y la transformación de su alícuota fija en móvil refuerzan la desvinculación de los precios internos respecto de los vigentes en el mercado internacional. Las retenciones a las exportaciones ya han demostrado su efectividad como un instrumento insustituible en el combate de la inflación, en un contexto de alza de los precios externos. La importancia de esa herramienta se hace más nítida ante los magros resultados que se observan en el último tiempo con los acuerdos de precios, muchas veces implementados caricaturescamente.

La necesidad de incrementar los niveles de retenciones queda en evidencia al observar los precios de los principales cultivos agrícolas durante los últimos meses. Con respecto al valor promedio que registraron en 2006 y 2007, en la actualidad se observa un aumento del 86,9 por ciento en el caso del girasol, de un 75,7 por ciento en la soja y de un 59,2 y 43,4 por ciento en el caso del maíz y del trigo, respectivamente. El precio internacional de estos productos en dólares constantes es el más alto de los últimos 25 años, con la única excepción del maíz, que registró cifras similares en 1996.

Como se ha señalado desde las organizaciones agrarias, la aplicación de retenciones como medida antiinflacionaria tiene como contracara la reducción de la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias. La amenaza es que podría contraer la producción. Pero este argumento no es válido en la coyuntura actual: los niveles de imposición vigentes no la afectan negativamente.

Los elevados precios internacionales, juntamente con el mantenimiento de una moneda depreciada, han permitido un incremento muy significativo de la rentabilidad en el sector agropecuario en la post-convertibilidad, aun con la aplicación de retenciones. En 2007 se ubicó un 72 por ciento por encima de la registrada durante la vigencia del plan de convertibilidad (ver cuadro). En este contexto, la elevación de las alícuotas de exportación no sólo no genera una reducción de los márgenes de rentabilidad con respecto a los registrados en la campaña 2006/07 sino que, más aún, involucra un alza del 43 por ciento de mantenerse los precios vigentes.

Estos altos niveles de rentabilidad en el sector agropecuario se han traducido en un extraordinario incremento en el valor de la tierra, especialmente en la región pampeana. Por ejemplo, en 2007 el precio en dólares de la tierra en la región maicera de la provincia de Santa Fe se ubicó un 171 por ciento por encima de los valores registrados en el quinquenio 1995-1999.. A comienzos de 2008, los precios continúan evidenciando una tendencia alcista. El incremento general de la rentabilidad presenta, sin embargo, ciertas heterogeneidades al interior del sector. En este sentido, el aumento de la alícuota de las retenciones podría afectar la rentabilidad en las pequeñas explotaciones, como consecuencia de los menores niveles de rentabilidad preexistentes originados en las escalas de producción más chicas.

No menos importante en cuanto medida adoptada es el efecto de la ampliación de las retenciones diferenciales sobre la propia producción agropecuaria, a través de la modificación de las rentabilidades relativas entre las distintas producciones. El incremento de las retenciones a la producción sojera eleva la rentabilidad relativa de otros cultivos, así como de la producción ganadera. En el caso de esta última actividad, que mantiene una elevada rentabilidad absoluta, la mejora de la relativa podría permitir la expansión ganadera en terrenos antes dedicados a la producción agrícola. Se trata de un efecto relevante por cuanto podría evitar, en el mediano plazo, las significativas restricciones en la oferta que han afectado ya el abastecimiento de los mercados internacionales.

En pocas palabras, el aumento de la alícuota de las retenciones hace prever una mayor recaudación fiscal, sin afectar negativamente la producción primaria. Queda, sin embargo, todavía pendiente un debate acerca de qué se hace con esos fondos adicionales que ingresan a las arcas públicas. Esa es la segunda parte de esta historia que no está aún precisada.

El debate constitucional

"La democracia se defiende con más democracia". Estás fueron las palabras de la Sra. Presidenta de la Nación cuando hizo pública su decisión de enviar al Congreso la medida de las retenciones, quién además aclaró fue tomada en pleno uso de sus facultades jurídicas.

El diario Página 12 publica hoy un artículo firmado por el Dr. Beinusz Szmukler y Eduardo Tavani, Presidente y Secretario general de la Asociación de Abogados de Buenos Aires respectivamente, en el que sostienen que: “Los artículos 4 y 75.1. de la Constitución Nacional, cuando se refieren a derechos de importación y exportación, involucran a los impuestos y tasas aduaneras, y deben ser establecidos por ley, conforme los arts. 4, 17, 52 y 75 incs. 1 y 2, de nuestra Ley Suprema. Si bien el legislador define la política legislativa, ello no obsta a que autorice al Poder Ejecutivo a completarla a través de reglamentos de integración o delegados. La Corte Suprema de Justicia de la Nación admite la legislación delegante, de mediar una clara política legislativa para el ejercicio de tal atribución”.

A su vez, afirman que: “La norma delegante que habilitó al Poder Ejecutivo a incrementar las retenciones, está presente en el art. 755 del Código Aduanero, que las admite para: promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como dichos bienes y servicios, los recursos naturales o las especies animales o vegetales, estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de ofertas adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno. Esa delegación legislativa tiene vigencia por las prórrogas sucesivas de la disposición transitoria 8ª de la Constitución Nacional”.

Entonces, continúan sosteniendo que: “la decisión del Poder Ejecutivo de remitir al Congreso Nacional un proyecto sobre la cuestión aparece como un plausible intento de desactivar la tensión imperante y una contribución al diálogo”. En este sentido dicen: “… denunciamos la ilegalidad que implica el ejercicio del “poder de policía”, y el de funciones policiales por parte de quienes, arrogándose potestades que no poseen, han ejercido inusitadamente el “control” del transporte de bienes, productos y personas, imposibilitando el traslado de productos alimenticios y de medicamentos destinados a abastecer a la población en general, así como también respecto de insumos indispensables para el normal funcionamiento del aparato productivo del país”.

Y concluyen: “Si bien las medidas dispuestas por las entidades rurales exceden la definición del lockout es evidente que fueron dirigidas contra el Estado Nacional y con afectación directa al conjunto de la sociedad. Señalamos que no existe norma alguna ni aquí ni en terceros países que los reconozca como un derecho, y en muchos Estados es una práctica prohibida”.

Para ver la nota completa, visite el link:

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-106792-2008-06-27.html

Discurso de la Sra. Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner
http://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=3486&Itemid=66

Las retenciones: un antídoto para la enfermedad holandesa

Por Matías Kulfas

Hace más de 25 años, Marcelo Diamand –uno de las mentes más lúcidas que tuvo el pensamiento económico de la Argentina en el siglo XX- escribió un artículo titulado “La estructura productiva desequilibrada y el tipo de cambio”. Ese artículo posee una sorprendente actualidad. Diamand era un economista profundamente comprometido con el desarrollo económico e industrial. Por entonces, procuraba debatir con el pensamiento ortodoxo acerca de la caracterización del sector industrial argentino. No faltaban, al igual que en las últimas décadas, quienes sostenían que la industria argentina era ineficiente y que sólo podía sobrevivir en base a una política económica que generara distorsiones en la economía doméstica e inhibía las capacidades de desarrollo. Para estos analistas la receta era muy simple: liberalizar y desregular la economía y permitir que los sectores más eficientes (el campo y las finanzas) guiaran el crecimiento del país.

A comienzos de los años ’70, la industria argentina mostraba ya cuatro décadas de trayectoria evolutiva. Estaban a la vista su brecha de crecimiento respecto a los países industrializados, pero también era posible observar logros significativos. El economista Jorge Katz relevó 30 proyectos de exportaciones de plantas llave en mano a comienzos de esa década, es decir, la Argentina de esos años exportaba tecnología. Vale mencionar los avances en la siderurgia, la metalurgia, la energía atómica, las industrias naval y aeronáutica y la química, además del núcleo tradicional de alimentos, bebidas, textil e indumentaria. La Argentina de esos años comenzaba a exportar bienes industrializados, aspecto que permitía avizorar una luz que permitiera romper el círculo vicioso que derivaba en los denominados ciclos de stop and go.

No obstante estos avances, la ortodoxia y muchos sectores de poder sostenían que la industria argentina era ineficiente y no tenía sentido perder el tiempo despilfarrando recursos en su desarrollo. Ante esta aseveración, Marcelo Diamand se propuso analizar con minuciosidad y rigor las características estructurales de la economía argentina y las bases de esa conflictiva relación entre campo e industria. Sostenía Diamand que en realidad era incorrecto afirmar que la industria argentina fuera ineficiente en términos absolutos. Por el contrario, muchos sectores manufactureros podían exhibir un buen desempeño tecnológico y productivo en una comparación específica con el mismo sector de otros países, incluso con algunas economías más industrializadas. El problema, mantenía Diamand, es que la Argentina posee una estructura productiva desequilibrada en la cual conviven un sector agropecuario de larga trayectoria y muy elevada productividad, basada en la fertilidad de los suelos, con un sector industrial más incipiente y de menor productividad relativa. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que la mayor productividad del campo y su característica de sector exportador conducen a un permanente ingreso de divisas cuyo efecto es la apreciación de la moneda doméstica. Esta apreciación monetaria afecta la competitividad del sector industrial y en eso se basa la presunción de su ineficiencia.

La teoría económica trató este tipo de problemas con posterioridad con la denominada “enfermedad holandesa”. Este fenómeno surge del análisis de lo ocurrido en Holanda en la década del ’80, cuando dicho país descubrió la existencia de valiosas reservas de gas natural en el Mar del Norte. Descubrimiento que, naturalmente, fue muy bien recibido. Por entonces, Holanda era un país con una industria manufacturera muy competitiva y desarrollada. La explotación del gas parecía una bendición para incrementar su riqueza. Sin embargo, el fuerte incremento de las exportaciones de ese recurso llevó a que la mayor oferta de divisas apreciara su moneda y su sector industrial, que –como dijimos- era muy competitivo, sufriera una súbita caída de su competitividad. El análisis de Diamand fue anterior a la teorización de la enfermedad holandesa, y por ese motivo, Hugo Nochteff en “El desarrollo ausente” define al caso argentino y a la tesis Diamand como “enfermedad holandesa evolutiva”.

¿Cómo se afronta esta situación? La respuesta de Diamand es que la política económica debe estimular el desarrollo industrial promoviendo la equiparación de la estructura de productividades relativas, y en esto juega un papel central la política cambiaria. La respuesta es entonces la fijación de un sistema de tipos de cambio múltiples que mejore la competitividad de la industria ante el sesgo distorsivo que introduce el agro en el funcionamiento de la economía. Esta aseveración parte también de la base que la industria manufacturera parte con desventajas comparativas respecto al agro. La manera de morigerar esas asimetrías y esos desequilibrios no son naturalizándolos sino, precisamente, comprendiendo su naturaleza y obrando para modificarlos.

La respuesta de Diamand se parece muchísimo a la política económica implementada a partir de 2003. El elemento introducido en este caso han sido las retenciones a las exportaciones. De este modo, la fijación de un tipo de cambio competitivo permite estimular la industrialización sin que ello derive en una excesiva apropiación de la renta generada en la economía por parte del sector agropecuario. Al mismo tiempo, evita que el incremento internacional del precio de los alimentos se traslade en su totalidad al mercado doméstico.

Recordemos el procedimiento de política cambiaria vigente. La autoridad económica establece un tipo de cambio competitivo en términos reales. Mucho se ha discutido en la literatura económica acerca de la existencia o no de un tipo de cambio real de equilibrio y de su inexorable “reversión a la media”. Si esto fuera así, dicen los ortodoxos (y sostienen que así es), no tiene sentido una política monetaria que estimule una moneda devaluada ya que tarde o temprano el tipo de cambio tenderá a ubicarse en torno a su valor de equilibrio. Sin embargo, muchos países apuestan a administrar una apreciación suave de modo tal que la volatilidad no afecte la marcha de los negocios en la economía real y, fundamentalmente, los proyectos de inversión. Siendo el tipo de cambio real un precio clave en una economía como la Argentina, una gran volatilidad, al igual que una fuerte apreciación, es un desaliento a la inversión.

La apuesta entonces es a fijar una paridad competitiva para luego sostenerla “comprando”, mediante la emisión monetaria, los excesos de oferta de dólares que generan las exportaciones. El procedimiento finaliza mediante la esterilización, es decir emitiendo bonos para evitar que la inyección de moneda local genere tensiones inflacionarias. De esta forma, el sector agropecuario obtiene una elevada rentabilidad derivada de un tipo de cambio efectivo (tipo de cambio nominal menos retenciones) que resulta más elevado que en situación “de equilibrio” y el sector industrial tiene incentivos para exportar y sustituir importaciones y una protección para evitar el exceso de importaciones.

Como se puede apreciar, las retenciones distan de ser una mera herramienta recaudatoria para jugar un papel central en la política económica. En primer lugar, porque garantizan el crecimiento de la producción en su conjunto sin que la expansión agropecuaria se traslade automáticamente al precio de los alimentos que se consumen en el mercado interno. En segundo lugar, porque no atentan contra la rentabilidad del agro: los márgenes brutos por hectárea son en la actualidad, y aún con el nuevo esquema de retenciones, un 300% más altos que durante la Convertibilidad, como lo han demostrado los cálculos de Nicolás Arceo y Javier Rodríguez. En tercer lugar, y tal vez el más importante, porque de lo que se trata, en definitiva, es de articular una estrategia que permita asociar al campo y la industria en una estrategia de desarrollo. Y, fundamentalmente, que el desarrollo de uno estimule al del otro y viceversa (el ejemplo más claro es la maquinaria agrícola, pero también la biotecnología, el software, entre muchas otras). Finalmente, cabe señalar que es incorrecto señalar que las retenciones son distorsivas porque, en definitiva, son un impuesto a las ganancias generadas por la política de sostenimiento del tipo de cambio. Desde el punto de vista del sector agrario, el tipo de cambio nominal sin la mencionada política resultaría más bajo que el tipo de cambio efectivo que vienen percibiendo estos años.

En suma, las retenciones son una herramienta que equilibra las condiciones estructurales para forjar la construcción de una sociedad incluyente, donde el campo pueda crecer y dar cuantiosas ganancias como en estos últimos años pero en armonía con el proceso de reindustrialización, la recuperación del empleo y el salario.

Esta nota fue publicada por el Diario Buenos Aires Económico el 25 de junio 2008

¿Demócratas o autoritarios?

El ser y el parecer del campo. En la actualidad, el campo ha cambiado de estrategia. Atrás quedó la imagen de la vieja oligarquía cogotuda. Hoy se disfraza de popular, cortando rutas, armando piquetes “blancos”, como ellos mismos afirman. Utilizando un lenguaje llano sin vueltas logra, por primera vez en la historia, movilizar a la masa, que hoy sale a la calle con sus cacerolas y apoya falsos paros.

Como dijo, Horacio González, en su artículo “Asamblea por televisión” publicado por página 12: “ …emerge una nueva derecha social con imágenes y estilos, por qué no, de una rápida izquierda con la que todo viejo argentino vizcacha sabe coquetear”.

Sin embargo, utilizando ese lenguaje rústico y campechano, podríamos decir que aunque la mona se vista de seda, mona queda. Aunque ahora quieran mostrarse dialoguistas, democráticos, no lo son, como no lo fueron nunca.

Los líderes de esta nueva derecha sostienen en los medios de comunicación que “el gobierno se tiene que bañar en democracia”. Con su falso paro, ya que se debería llamar corte de rutas porque tranqueras adentro siguen trabajando y fronteras afuera vendiendo, pretenden extorsionar al gobierno, y así lo manifiestan al afirmar que: “el campo mantendrá su protesta el tiempo que sea necesario mientras el Gobierno no quiera escuchar al pueblo”. Ellos que sólo representan a uno de los sectores que integran la sociedad, se pretenden el pueblo. A su vez, son capaces de sostener que: “si los legisladores ratifican las retenciones hay que disolver el Congreso”, el espacio institucional en el que todos los argentinos estamos representados.

Adjunto, publicamos una solicitada que la Sociedad Rural publicó en 1978 motivada por el aniversario del golpe. ¿Dónde estaban los valores democráticos que hoy dicen defender?, claro, en esa época no necesitaban disociar el ser y el parecer.

http://www.perfil.com/contenidos/2008/06/15/noticia_0035.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/especiales/18-104917-2008-05-26.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-106292-2008-06-19.html

Sobre un viejo dilema: Cultivar el suelo es servir a la Patria

Por Mario Rapoport

La Argentina es un país de memoria frágil sustituida, muchas veces, por el ingenio criollo que revela quienes fueron los beneficiarios de políticas económicas implementadas en el pasado. Tal por ejemplo la llamada “patria contratista”, que se refiere a los que hicieron negocios lucrativos por medio de contratos con el Estado. O la llamada “patria financiera”, que señala a quienes con el endeudamiento externo y la convertibilidad amasaron fortunas a través de maniobras especulativas. Pero el antecedente más importante, porque moldeó al país institucional y económicamente, es el de la Argentina “granero del mundo”, predominante desde las últimas décadas del siglo XIX hasta la llegada del peronismo, e influyente en etapas posteriores, y que algunos llegaron a denominar la “patria agropecuaria”. Para Jauretche la idea de “granero del mundo” era uno de los mitos o “zonceras” creados para señalar nuestro destino como granja. Algo que el mismo Carlos Pellegrini advertía en la discusión parlamentaria sobre la Ley de aduanas en 1875-1876: la Argentina no debía convertirse en “una granja de las naciones manufactureras” (léase, según las épocas Europa, Gran Bretaña, la ex Unión Soviética, China).

Aquel era un país -que desde este punto de vista no cambió demasiado- en donde predominaba la gran propiedad de la tierra en manos de pocas familias, estando una parte sustancial de ella destinada al sistema de arrendamiento a agricultores pequeños y medianos. El injusto trato de estos últimos por los primeros, pues el campo no era uno solo, se hizo patente en 1912, en el llamado “grito de Alcorta”, rebelión de los pequeños productores arrendatarios que dio lugar a la fundación de la Federación Agraria Argentina. En ese entonces los mercados de exportación casi exclusivos se encontraban en el viejo continente, el consumo y los precios internos dependían de los precios internacionales, los saldos exportables no estaban sujetos (o sólo lo estaban de forma muy reducida según los años) a impuesto alguno y cuatro o cinco grandes compañías cerealeras manejaban el negocio de los granos, así como un puñado de frigoríficos, en su mayor parte extranjeros, el de las carnes.

Mientras tanto, las clases gobernantes, vinculadas al sector agropecuario, hacían gala de una defensa a ultranza del libre comercio. Pero esta posición no significaba que los precios quedaban librados a la ley de la oferta y la demanda: cuando era necesario se producían fuertes presiones sobre el Estado para regularlos en su beneficio. Por ejemplo, en 1929 la Sociedad Rural Argentina (SRA) publicó un informe en el cual acusaba de ganancias excesivas a los grandes frigoríficos y sugería como única solución posible la intervención del Estado a través de la fijación de los precios de la carne. La situación se agravó luego de la crisis mundial de los años 30. La brutal caída de las exportaciones agrarias hizo que los gobiernos conservadores de la época crearan la Junta Reguladora de Granos y la Junta Nacional de Carnes, que compraban a los productores a precios mayores que los internacionales haciéndose cargo de las pérdidas. También, en 1933 se firmó con Inglaterra el Pacto Roca-Runciman, el cual beneficiaba a los grandes terratenientes en detrimento de los demás productores agropecuarios.

Esa experiencia histórica no impidió, sin embargo, que en 1987 un documento de la SRA señalase que el estancamiento argentino había comenzado en la década del ‘30, cuando se abandonó el modelo agroexportador y se impuso la intervención sistemática del Estado. El documento de referencia demostraba muy mala memoria, porque en aquella década el país era gobernado por sectores afines a la misma SRA. De todos modos, según el texto, la crisis argentina era una consecuencia del castigo que se había infligido a las exportaciones tradicionales como resultado de la “sustitución de exportaciones”. Resultaba necesario, por tanto, introducir un cambio estructural que incluyese la eliminación de trabas arancelarias a la exportación de productos agrícolas. La advertencia se dirigía entonces al gobierno de Raúl Alfonsín, que en 1988 iba a estar sometido a un lock out del agro por un desdoblamiento cambiario y el mismo presidente repudiado en la exposición anual de la Sociedad Rural. De igual modo, hubo sucesivos paros o lock out del sector ganadero en octubre y noviembre de 1975 y de todas las instituciones del agro, en febrero de 1976, durante la última etapa del gobierno de Isabel Perón.

Sin embargo, la SRA se había mostrado más cauta cuando, en distintas circunstancias, regímenes militares -incluso el de la “Revolución Libertadora”- impusieron retenciones que, según ella, perjudicaban al campo. Es el caso del plan Krieger Vasena, bajo la dictadura de Onganía, en 1967, que establecía una fuerte devaluación, con retenciones de un monto similar a los productos exportables. En ese momento la SRA sostenía, en su memoria anual de 1968, la necesidad de eliminar esas retenciones pero señalaba, al mismo tiempo, que sus discrepancias eran hechas “en un tono mesurado, ejerciendo el legítimo derecho de peticionar a las autoridades” de ninguna manera pretendiendo efectuar “presiones”. Asimismo, en 1982, durante la última dictadura militar, cuando Roberto Alemann, antes aún de la Guerra de Malvinas, estableció también retenciones a las exportaciones, y volvió a aumentarlas una vez estallado el conflicto, hubo una aceptación condicionada. La memoria de la SRA de ese año decía que las retenciones “no entran dentro de nuestra filosofía, pero en el momento difícil que vive el país, las aceptamos aunque no compartamos la idea de su conveniencia”.

En otros casos, sin retenciones pero con un peso sobrevaluado, cuando con Martínez de Hoz o con Cavallo se perjudicó notoriamente al campo, sus principales referentes se alinearon tras las conducciones económicas. Recién con la crisis encima, en el año 2000, la SRA pedía la ayuda del gobierno señalando, frente a una política de convertibilidad que había causado ya la ruina de muchos productores: “seguimos siendo el pato de la boda (...) nos hemos convertido en los damnificados de desmantelamiento del aparato productivo caracterizado por la falta de rentabilidad de las empresas agropecuarias”.

Un lema de la SRA es “cultivar el suelo es servir a la patria”, pero la patria no son intereses corporativos, nacionales o extranjeros, sino todo aquello que pueda identificarse con lo que aspira la mayoría de la población. En momentos en que asistimos a un fuerte proceso de recuperación económica y en el que uno de los principales beneficiarios es el agro, el problema crucial pasa por la distribución de los ingresos y la transformación del país de un modelo productivo para unos pocos en un modelo productivo para todos. Además, en un modelo lo suficientemente diversificado y avanzado tecnológicamente como para hacer frente a los avatares de la coyuntura internacional, que hoy nos favorece pero mañana puede darnos la espalda. Ninguna de las naciones líderes en la economía mundial es primordialmente exportadora de materias primas. El espejismo del “granero del mundo” se terminó con la crisis de los años ‘30. Ahora, en épocas de bonanza para el campo, los ingresos extraordinarios que provienen de cultivar el suelo deben contribuir a cambiar el destino de la Argentina. Y, en este sentido, el gobierno tiene una tarea pendiente, remediando los problemas de los pequeños productores -porque pese a las apariencias el campo no es uno solo-, lo que ya es una forma de distribuir ingresos, y exponiendo claramente el destino de los recursos y sus programas de largo plazo para que el crecimiento económico actual sea verdaderamente sostenido en el tiempo y equitativo.

La nota fue publicada en el Diario Buenos Aires Económico el 1 de abril de 2008

El pan nuestro de cada día

En estos último días mucho se ha hablado sobre el precio de los alimentos, desde el Gobierno Nacional se sostiene que las retenciones sirven para que los argentinos no paguemos los productos a precios internacionales, es decir se aplican retenciones con el fin de disminuir la brecha entre los precios internos y externos, además de está manera se evita la perdida del poder adquisitivo de los argentinos. Por su parte, los voceros de la Mesa de Enlace dicen lo contrario.

A continuación, difundimos un material que llegó al blog. Es un pequeño ejercicio didáctico, muy simple, pero que tiene el objetivo de verificar si realmente las retenciones cumplen con su cometido. Se compararon los precios de productos de una misma marca que se venden en los supermercados de Argentina (http://www.cotodigital.com.ar/) y de Uruguay (http://www.devoto.com.uy/).

Por ejemplo un producto que no tiene retenciones, una lata de arbejas de la marca Acord sale $1,79 mientras que en Uruguay cuesta $13, 9 pesos uruguayos que equivalen a $2,19 pesos argentinos. Es decir, un 22% más caro que cuando se vende en nuestro país. Hay que tener en cuenta, que cuando un producto se exporta es normal que valor final sea un 20% más, ya que se deben incluir los costos por el transporte y comercialización en el exterior.

La salsa de tomate tampoco tiene retenciones, una caja de 300 gramos de la marca Salsati en la Argentina cuesta $1,89 mientras que en Uruguay $14,90 uruguayos, esto equivale a $2,35 pesos argentinos. Acá la diferencia es de 24%.

Ahora pasemos a los productos que si tienen retenciones. Un kilo de harina de la marca Cañuelas en la Argentina cuesta $1,17, mientras que en Uruguay $23,90 uruguayos que equivalen a $3,75 pesos argentinos. Acá la diferencia es de 222%.

Otro ejemplo, un kilo de cereal para bebes Nestle en nuestro país vale $22 pesos, en Uruguay se encuentra por $281,6 pesos uruguayos que equivalen a $44,5pesos argentinos. Acá la diferencia entre el precio interno y el externo es de 102%.

Ahora bien, todos sabemos que los sectores más pobres gastan la mayor parte de su salario en alimentos. Por lo tanto, la política de retenciones que, como vimos, evita el traslado de los precios internacionales a los argentinos, es una política justa que defiende el bolsillo de todos y, en especial, de los que más lo necesitan.

Una oportunidad para los países en desarrollo

Folha de S.Paulo, 16.6.2008

La batalla de todos nosotros en Argentina
por Luiz Carlos Bresser-Pereira


El gobierno argentino está enfrentando hace tres meses una batalla decisiva no solo para su propio desarrollo económico sino también para el de todos los países latinoamericanos que aún no comprenden que no neutralizar la enfermedad holandesa es el más serio obstáculo económico que enfrenta.

Las retenciones móviles a las exportaciones existentes en la Argentina son el secreto que se esconde detrás del 8,8% de crecimiento entre 2003 y 2007. El esquema de retenciones doblemente variable -entre commodities y conforme a la variación del precio internacional del bien- traslada la curva de oferta de esos bienes hacia arriba en proporción a la gravedad de la enfermedad holandesa que ese bien causa.

Se vuelve así no lucrativa la exportación del bien a una tasa de cambio menor, lo que impide del lado de la oferta, que esa tasa se aprecie. Al impedir la sobrevaluación del peso, el gobierno argentino garantiza, por un lado, la ganancia de los agricultores y, por el otro, la demanda agregada para inversiones volcadas a la producción de bienes comercializables (que pueden ser exportados o importados) y así la economía crece aceleradamente.

Los agricultores argentinos, victima de una ilusión, rechazan el aumento de la retención sobre la soja al 44% pensando que los que pagan son ellos. No es así. A no ser que los cálculos del gobierno estén equivocados, eso es solo aparentemente cierto. Si el gobierno eliminase las retenciones de ese y el resto de los bienes que dan origen a la enfermedad holandesa, el mercado provocará la apreciación del tipo de cambio en la proporción exacta de la retención eliminada y el agricultor no ganará nada, lo que recibe quedará igual a lo que tenía con la retención.

Ganaran en el corto plazo los consumidores argentinos, cuyos salarios reales crecerán, pero perderá toda la economía argentina, que volverá a crecer a tasas modestas y quedará a merced de una crisis de la balanza de pagos. Y si el gobierno argentino hubiese creado un fondo de estabilización para los precios agrícolas con parte de los recursos de la retención, su eliminación o reducción causaría pérdidas a los propios agricultores que volverían, otra vez, a quedar sujetos a las variaciones de los precios internacionales de las commodities.Entonces, lo racional, desde el punto de vista económico, era luchar por ese fondo de compensación (no por la reducción de la retención). Su lucha actual solo tendría sentido si todas las demás retenciones se mantuviesen y en consecuencia el tipo de cambio no se apreciase, pero, en ese caso, estaríamos frente a un caso clásico de oportunismo o de comportamiento “free rider”.

Si el gobierno de Cristina Kirchner venciese esta batalla, no solo estará defendiendo el interés nacional de la Argentina. Estará abriendo un camino para que los países latinoamericanos y africanos comiencen a reconocer racionalmente la existencia de esa terrible falla del mercado (la enfermedad holandesa) y a neutralizarla.Una falla que tiene consecuencias diferentes dependiendo de:1.- si el país todavía no se industrializó pero se darán las condiciones para eso una vez que neutralice la enfermedad (es el caso de los países productores de petroleo)2.- si el país ya se industrializó pero dejó de neutralizar la enfermedad (es el caso de Brasil y la Argentina)En el primer caso el país no se industrializa y en el segundo entra en proceso de desindustrialización.

Original en: http://www.bresserpereira.org.br/view.asp?cod=2730

* Traducción colectiva de los participantes de http://homo-economicus.blogspot.com/ y de http://la125.blogspot.com/

¿A quién le quieren enseñar a trabajar?

Luego de la desafortunada frase del Sr. Alfredo De Angeli: “Les vamos a enseñar a trabajar” -haciendo referencia a los diputados y senadores nacionales- nos preguntamos si utilizarán los mismos mecanismos de explotación con los que someten a miles de niños a trabajar en el campo, incluso sabiendo que está prohibido.

Los resultados de la Encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes (Eanna), realizada por el Ministerio de Trabajo en el año 2004, son alarmantes. Indican que uno de cada diez niños de entre 5 y 9 años, es decir el 13,3%, trabaja en el campo en abierta violación de las normativas vigentes. A su vez, el porcentaje se duplica ampliamente cuando se ve el rango de menores de entre 10 y 13 años (29,6%) que utiliza el sector para ampliar sus ganancias. En este caso, tres de cada diez chicos realizan tareas agropecuarias.

El trabajo infantil no sólo atenta contra el derecho de acceder a una educación digna, gratuita y obligatoria ya que, o bien impide a los niños cumplir con la escolaridad mínima, o bien afecta a los que no dejan la escuela mermando su rendimiento e impidiendo una posterior inserción adecuada en el mercado laboral. Sino que también por el tipo de trabajo a los que son sometidos se ve perjudicada su salud. Ejemplos sobran, pero sin lugar a duda uno de los más crueles es el que da cuenta de los chicos utilizados como banderas para orientar a los aviones fumigadores exponiéndolos a una lluvia tóxica.

Al mismo tiempo que la utilización de este tipo de mano de obra implica mayor ganancia porque abarata sus costos de producción, significa que en un futuro a largo plazo la Argentina tendrá menos mano de obra calificada y profesional. ¿Es esa la Argentina que todos queremos?



Los siguientes links ilustran la temática del trabajo infantil en el sector rural:

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-102762-2008-04-20.html

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-102763-2008-04-20.html

http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/descargas/toe/toe_03_02_actividadesEconomicas.pdf

El mito de la rentabilidad perdida

La pérdida de rentabilidad que tornaría insostenible la subsistencia de muchos productores agropecuarios es el argumento más difundido por la Mesa de Enlace a la hora de cuestionar el actual esquema de retenciones móviles. La combinación entre el diferencial en la alícuota del derecho de exportación y un importante incremento en el precio de los insumos – en especial el glifosato, un herbicida que además se importa – haría inviable el desarrollo de la actividad.

Sin embargo, datos de una de las publicaciones de mayor prestigio y difusión en el sector – Márgenes Agropecuarios – y de la Compañía Argentina de Tierras, dan cuenta de la real incidencia de los herbicidas y fertilizantes en la estructura de costos (1). El escaso peso relativo de los mismos hace que el incremento de sus precios no altere la ecuación frente al extraordinario aumento en la cotización de la soja. Reforzando esta idea, algunos pequeños productores se han encargado de sostener públicamente que aún con el nuevo esquema, la actividad continúa siendo rentable.

Como ejemplo, en una nota publicada el domingo 22 de junio en el diario dominical “Miradas al Sur” titulada “Cien días de mentiras” el pequeño productor de Azul Héctor Pitluk escribe:

“…De todos modos veamos algunos números. El pequeño productor – definido por el Gobierno – de 150 hectáreas que contrata a un chacarero con sus herramientas para que trabaje la tierra, paga alrededor de 500 pesos por hectárea, incluyendo laboreos…, semillas, agroquímicos, siembra y cosecha.
Considerando un rinde de 2.400 kilos por hectárea, el valor en mano al productor de soja – luego de retenciones, gastos de comercialización y transporte – es de 790 pesos la tonelada…, multiplicado por 2.4, le quedan al productor 1.396 pesos netos por hectárea. O sea 209.400 pesos por las 150 hectáreas por campaña, lo que significan 17.450 pesos netos por mes.”

El productor Carlos Armando, de Córdoba, se explaya en el mismo sentido: “…A 900 pesos la tonelada que cuesta hoy, todos vamos a volver a sembrar porque es negocio. Es y seguirá siendo rentable.” (2)

(1) http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-106461-2008-06-22.html
(2) http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-106414-2008-06-21.html

Así trata el campo a sus trabajadores

El reclamo por la baja de las retenciones no es la primera coincidencia que tienen las organizaciones rurales que hoy conforman la Mesa de Enlace. Las cuatro entidades se vienen oponiendo de forma sistemática a todas las reformas que signifiquen un avancen en materia de derechos laborales.

La Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y Coninagro apuestan por mantener las pautas del Régimen Nacional de Trabajo Agrario, sancionado en 1980 con las firmas de Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz. El cual, entre otras cosas, no fija un límite de horas de trabajo. En este sentido, en el año 2002 se opusieron a que se establezca una jornada laboral de 8 horas.
Además, rechazaron por considerar “excesivos” que a los trabajadores se les otorgue ropa adecuada para trabajar. Y que se entreguen incentivos económicos para aquellos que concluyan la escuela primaria y secundaria.

Para mayor información se puede consultar la siguiente nota del diario de Página 12:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-106481-2008-06-22.html

Economistas contra el LockOut

Los economistas rechazamos el lock out

Las retenciones son una herramienta para evitar que el alza de los precios internacionales impacte en los precios internos de los alimentos. Son también un mecanismo redistributivo y un instrumento para promover la diversificación productiva. Permiten resolver, a su vez, el conflicto entre el aumento de los precios internacionales y la política de tipo de cambio alto, sin por ello afectar la producción del campo. Ello se evidencia en el fuerte incremento de la cosecha: de 69 millones de tn. en 2002-03 a 85 millones de tn. en 2006-07 en la producción de soja, maíz, trigo y girasol.

El esquema de retenciones móviles es una medida acertada para dar mayor previsibilidad de precios y rentabilidad y luchar contra la inflación. Busca, asimismo, evitar el riesgo de una excesiva concentración de la actividad agrícola en torno a la soja, aspecto que aumenta la vulnerabilidad económica y tiene negativos efectos sobre las restantes producciones agropecuarias.

Es cierto que las realidades en el agro no son todas iguales. Los pequeños productores tienen en algunos casos situaciones atendibles, pero éstas no dependen del nivel de las retenciones sino de políticas específicas. La concentración es un serio problema que afecta al conjunto de la economía argentina y debe atenderse mediante otras acciones de políticas económicas vinculadas con acceso al financiamiento, la provisión de apoyo técnico para incrementar la productividad, la reestructuración de las cadenas productivas y la transparencia en la formación de precios y el funcionamiento de los canales de comercialización.

La rentabilidad de la producción agraria continúa siendo elevada. Aún con el esquema de retenciones móviles actual, la rentabilidad por hectárea duplicará este año el promedio obtenido durante la Convertibilidad. Es más, dados los elevados precios internacionales de los productos primarios el incremento de las retenciones a las exportaciones no sólo no determina una contracción en los márgenes de rentabilidad de la producción agrícola con respecto al último año, cuando ya era elevada, sino que esta se incrementaría en un 38%.

Esta realidad muestra claramente que el agro disfruta de una prosperidad y rentabilidad sin precedentes basada en la política económica implementada. La prolongación del lock out y la desmesura del reclamo muestran que estos sectores, ubicados en el decil más alto de la distribución del ingreso, buscan cuestionar la política económica en su conjunto.
Los economistas comprometidos con la reindustrialización y un modelo de crecimiento con empleo, distribución equitativa de la riqueza e inclusión social rechazamos el lock out e invitamos a los productores agrarios a sentarse a dialogar para la generación de soluciones que involucren al conjunto de la sociedad y no sólo a intereses sectoriales.

FIRMAS:

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