miércoles, 2 de julio de 2008

LA transformación del modelo rural

Por Nicolás Arceo y Mariana González

En el conflicto con “el campo”, buena parte de la discusión giró en torno de unos pocos datos fragmentarios acerca de la actual situación del ámbito agropecuario, que cada uno de los sectores
en pugna empleaba para convencer al público acerca de la justicia de su propia posición. Entre tantas opiniones e informaciones encontradas resultó difícil formarse una imagen precisa acerca
de la posición que ocupa el agro en la producción, en el empleo, en la generación de valor agregado y en las exportaciones.

Un primer punto llamativo acerca de la presunta importancia económica del campo, es que sólo aporta en la actualidad el 8,4% del valor agregado generado en la economía. Es más, el crecimiento de la producción del sector ascendió sólo al 3% del aumento total del PBI en los últimos cinco años. Tampoco su peso en el empleo es muy significativo: incluso si se incluye a los ocupados en las industrias de alimentos, sólo el 11,4% de los puestos de trabajo corresponden al sector (1). En cambio, como a lo largo de toda la historia argentina, de las actividades agropecuarias proviene la mayor parte de las divisas de que dispone el país: su participación en las exportaciones asciende al 57,4% del total, considerando tanto las correspondientes a productos primarios como las de las manufacturas de origen agropecuario. Y, por otra parte, se trata del mayor oferente de bienes de consumo de los trabajadores (bienes-salario) de la economía argentina. Los alimentos y bebidas constituyen el 31,3% de la canasta de consumo de la población y un porcentaje aún mayor para los hogares más pobres (46,6% en el primer quintil de
ingresos). Las variaciones en sus precios tienen, por lo tanto, una influencia fundamental en la evolución de los salarios reales.

Podría decirse que la posición del agro dentro de la economía nacional está signada por un marcado contraste: de una parte, su peso dentro de la producción y el empleo global del país no es, en comparación con otros sectores, demasiado significativo. Pero por otro lado, el campo concentra dos recursos clave para la economía nacional: provee buena parte de las divisas y de los alimentos para su población.
Para comprender la lógica de funcionamiento del sector en la actualidad se hace necesario retroceder en el tiempo, ya que su configuración vigente responde al resultado de las transformaciones acontecidas en el conjunto de la economía argentina en las últimas tres décadas.
(...)
El cuadro en la zona pampeana, que constituye el núcleo de la producción agropecuaria nacional y explica el 87,5% de la oferta de cereales y oleaginosas, no parece digno de grandes reclamos. Independizados del ciclo económico, los productores experimentaron durante la crisis una situación de riqueza en medio de la miseria, que se potenció en los años siguientes. La rentabilidad creció de manera espectacular. En términos patrimoniales, el valor de su activo (la tierra) multiplicó su precio en dólares. Muchos pequeños propietarios abandonaron la producción para arrendar su campo y vivir de rentas. Mientras tanto, el proceso de sojización extendió la frontera agropecuaria hasta alcanzar zonas insospechadas.

En el contexto de expansión de la producción agropecuaria y de elevados niveles de rentabilidad del período post-devaluación, resulta llamativa la importancia que alcanzó el lock-out llevado adelante por las distintas organizaciones que representan a la burguesía agraria en nuestro país. Mirando más detenidamente la cuestión, resulta que la discusión no gira centralmente ya en torno al nivel de retenciones aplicado, sino que cuestiona de forma mucho más general la apropiación directa de parte del excedente agropecuario por parte del Estado –a través de la recaudación de las retenciones– y en forma indirecta por parte de la sociedad –a través del menor precio de los alimentos–. El conflicto evidencia también algunos elementos que parecen no haber sido tenidos en cuenta por las autoridades en la aplicación de las últimas medidas. El sector
agropecuario presenta distintas realidades como consecuencia de las diferencias regionales y, principalmente, de las escalas de producción. Incluso el actual modelo tiende a fragmentar aún más las condiciones del agro, concentrando fuertemente la producción (y también la propiedad) y desplazando algunos cultivos hacia zonas marginales cuya rentabilidad es mucho menor, aunque, no hay que olvidarlo, antes fuera nula o negativa. Estos contrastes se han profundizado en los últimos años como consecuencia de la expansión de la agricultura extensiva.

El lock-out patronal ha demostrado que el sostenimiento de una moneda devaluada y la aplicación de retenciones a las exportaciones no constituyen por sí solas una política de desarrollo agropecuario. Más allá de estas medidas, sigue vigente la total desregulación del sector iniciada en la década de 1990 y siguen ausentes las medidas específicas de promoción. Es necesario elaborar un plan que permita revertir, o al menos mitigar, las fuertes asimetrías presentes entre los productores, para lograr un desarrollo integrado del campo y evitar la carencia de oferta de ciertos cultivos desplazados por la soja o por su exportación.

Los menores márgenes de rentabilidad de los medianos y pequeños agricultores no se superan a través de la implementación de retenciones diferenciadas según la escala de producción, que además son de dudosa aplicabilidad. Sólo puede ser efectivo el establecimiento de políticas específicas hacia ese conjunto de actores económicos y que tiendan a elevar su productividad.

Claro que no se trata de una solución inmediata, y en medio de una confrontación tan áspera como la actual su efectividad puede considerarse demasiado lejana.
La nota fue publicada por Le Monde Diplomatique de mayo 2008. Para leer el artículo completo ingrese a:

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